Poderes constituidos y los que sí pueden.
Miguel Ángel Granados Chapa (REFORMA; 25 abril 2010).
El Ejército, por su parte, está pudiendo sacar provecho de la situación en que lo dejaría la ley sobre seguridad nacional, en proceso de reforma a petición del mismísimo secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván
El secretario de Televisión (perdón por la comprensible errata), el de Gobernación, se interesó en la solicitud de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT, según la propia agrupación, que su sigla prescinde de la "N" de Nacional) en que demandó ser oída por el Congreso antes de aprobar el proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, resultante de una feliz coordinación entre una larga discusión y estudio en decenas de agrupaciones civiles y la fuerza política de las bancadas del PAN -que en el Senado es la de mayor tamaño y en San Lázaro ocupa el segundo lugar-, apoyo que también ofrecerán las fracciones del PRD.
Más rápido que pronto, el secretario Gómez Mont pidió a los senadores recibir a los concesionarios. Escuchar a los afectados por una decisión debería ser práctica rutinaria en las Cámaras. En este hecho particular, la petición de la CIRT y del secretario del ramo es redundante porque los miembros de esa organización han dado a conocer sus opiniones de mil modos, incluida la elaboración de un dictamen cuyo tránsito se frenó. Es significativo que la industria de las telecomunicaciones no se haya manifestado en contra del proyecto de nueva regulación, que fundirá (o fundiría, como quizá hay que decirlo) las dos leyes que ahora regulan por separado esos dos territorios, el de las telecomunicaciones y el de la radio y televisión. Quizá los concesionarios de telefonía, internet y otras modalidades de las telecomunicaciones, en función de la propia seguridad jurídica que los concesionarios de radio y tv dicen reclamar, la encuentran en esa legislación.
El reclamo de la CIRT incluyó varias mentiras, entre ellas la de afirmar que la reforma legal contra la que se revuelven con toda la fuerza política, económica y comunicacional incluye regular los servicios de la red. Nada más falso que esa aseveración, que pretende motivar miedo, desaliento entre los usuarios de ese servicio y, por ende, solidaridad con la agrupación de los concesionarios de radio y televisión. Algunos de los radiodifusores requieren, sin duda, atención a sus necesidades y urgencias, pero nada de ello ha de conseguirse si se va en contra la sentencia de la Corte de junio de 2007, contra las nuevas reglas que ahora se proponen y contra los intereses generales.
El martes, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información expuso sus opiniones sobre la materia. Nadie acusó recibo de esa opinión, no obstante que a dicha agrupación pertenecen los más conspicuos académicos consagrados al tema principal de las normas en cuestión, así como comunicadores en la más amplia acepción de la palabra, por lo que buena parte de la plana mayor del cine, el teatro, la radio y la televisión forma parte de ella. Los encabeza el doctor Raúl Trejo Delarbre, que ha recibido varios galardones aquí y en el extranjero por su sapiencia y paciencia en la aproximación a los ingredientes técnicos, sociales, jurídicos y políticos de la materia. Pero el secretario de Gobernación no se percató de la posición de AMEDI y, por lo tanto, no instó al Congreso a recibir a sus dirigentes.
En semejante ruta, la Mesa Directiva del Senado citó a quienes encabezan la CIRT. Pero se tomó su tiempo para hacerlo, o cayó en la trampa de los concesionarios que saben que el calendario milita en su favor. El encuentro ocurrirá el próximo miércoles, 48 horas antes de que se cierre el periodo de sesiones ordinarias. Si uno lograra encontrarle buenas razones a la cita demorada, y la CIRT aportara ideas atendibles en el Senado o, lo contrario, si el predictamen saliera avante de esa cita, se aprobaría apenas en la mañana del jueves en el pleno senatorial. E imaginando una solidaridad camaral que en este punto no se barrunta siquiera, el propio jueves por la tarde la minuta de Xicoténcatl sería dictaminada y llevada al Pleno final el viernes para su aprobación. Como sólo en el mundo al revés que varios poetas han inventado ocurren cosas así, lo probable es que los ciudadanos recibiremos un nuevo portazo en la cara, asestado por la mayoría de los legisladores. No expreso una convicción derrotista, sino que sólo me atengo a los hechos. Es deseable que los escépticos nos equivoquemos, aunque si tenemos razón, deberemos instigar el optimismo de la voluntad que Gramsci proclamó ante el pesimismo de la razón. Los luchadores tesoneros saben que todo se andará.
La nueva victoria de los poderes fácticos de la radio y la televisión frente al Congreso -o contando con su complicad- muestra la fragilidad del Congreso para aprobar reformas que en efecto beneficien a la mayoría de la gente, aunque no sean las que con ánimo caprichoso y propagandístico se califican como "las que México necesita". Se creería que, con ánimo democrático, la reforma constitucional de derechos humanos merecería esa calificación. Pero cinco años después de iniciada desde Los Pinos, no ha podido siquiera ser remitida al circuito de las legislaturas estatales. Ha vuelto a la Cámara, desde Xicoténcátl, la minuta en que el Senado demandó ajustes a la iniciativa aprobada por los diputados. El Senado dio ese paso el 8 de abril y la Cámara no ha revisado el documento senatorial. Pero si no lo hace esta semana, cargada de trabajo, la sociedad seguirá esperando no sólo una definición constitucional en esa materia, para que no rijan criterios vetustos contrarios a la gente común, sino también la certidumbre a prueba plena de que la legislación internacional suscrita por México es parte de la nuestra.
No queda claro qué intereses resultan bien servidos con esa irresponsable demora camaral. No digo que haya que incluirlos en el repertorio de actores que hasta han sido eficaces en lastrar esa reforma. Lo que puede afirmarse es que el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas trabajan preferiblemente en modificaciones legales que benefician a sus miembros o los alejan de una afectación adversa. Actuando dentro de un fuero judicial que nadie ha establecido, pero que tiene anchos con- fines, el Consejo de la Judicatura, en acuerdo general para expe- dir, en el cual tiene espacio dicho órgano, dispuso un régimen de excepción procesal para jueces y magistrados, a los que iguala con ministros de la Corte y secretarios de Estado. Unos y otros no deben presentarse ante el domicilio del Ministerio Público si están indiciados, sino que pueden hacerlo en su propio domicilio, en privado. Se comprende que en un ambiente social tenso en general, afectados sus miembros por riesgos contra su seguridad personal, la Judicatura determine un régimen especial de protección realizado por militares al que se agrega ahora esta excepcionalidad procesal, que otorga privilegios a unos cuantos ante la inerme condición general.
El Ejército, por su parte, está pudiendo sacar provecho de la situación en que lo dejaría la ley sobre seguridad nacional, en proceso de reforma a petición del mismísimo secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván. El proyecto suscrito por el presidente Calderón no fue admitido por el Senado, que limitó algunas de las facultades, o suprimió otras consideradas por el Ejecutivo y el propio Ejército como necesarias para que las Fuerzas Armadas sirvan en la seguridad pública. Por ejemplo, privó a la Presidencia de la decisión de establecer una suerte de suspensión de garantías aplicable en regiones donde la seguridad interior quede amenazada. Advirtiendo que puede haber situaciones que hagan necesaria la intervención del Ejército, el Senado enmendó la iniciativa para que sea un mecanismo colectivo el que aprecie la situación y tome las decisiones, y no lo haga a solas el Ejecutivo federal.
Al parecer por dos motivos: hacer menos expresa su derrota ante el Senado, y para cumplir rigurosísimos ordenamientos del derecho internacional (sentencias de la Corte interamericana de justicia) a los que no puede sustraerse, Calderón parece dispuesto a cancelar el fuero de guerra. Pero, sólo parece: con el fin de interrumpir el debate sobre la ley de seguridad nacional, presentó un proyecto de reforma al Código militar y no al artículo 13 constitucional sobre el fuero castrense, enmienda que será rechazada esta última semana. Y enviará dentro de un plazo no establecido, un proyecto de enmienda constitucional, en que ya trabaja el Ejército, que carece de toda función legislativa.
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