Los casos de Veracruz, Durango e Hidalgo pusieron al TRIFE en la estacada: ¿será la pieza que detone el conflicto electoral del 2012?

                                   José Luis Sierra V. ( 13 jul. 2010).

Si en México imperara el Estado de Derecho, si existiera la división de poderes y fuera hábito la rendición de cuentas, los gobernadores Ulises Ruiz, Mario Marín y Fidel Herrera -por sólo mencionar a los más célebres pillos- no hubieran podido concluir su encargo pues estarían tras las rejas.

Ha sido con el voto y con la defensa que se hace de éste, como la sociedad mexicana ha podido solventar algunas de las omisiones institucionales, contrarrestar así sea a “toro pasado” algunos de los excesos cometidos por políticos y funcionarios públicos.

Concientes y temerosos de los alcances justicieros que ha cobrado el voto ciudadano en nuestro país, los “políticos malandrines” han podido hacerse de un blindaje institucional, ya sea por la imposición de funcionarios en los órganos electorales o por la corrupción de éstos. Si esto es cierto para cada estado, distrito y municipio del país, vale también en los órganos federales, donde personajes como Manlio Fabio Beltrones, Elba Esther Gordillo y el ahora desaparecido Diego Fernández de Cevallos, fincan buena parte de su poder y de sus influencias.

Debiéramos recordar que hace seis años, Fidel Herrera Beltrán salió de la jornada electoral con una ventaja menor a un punto porcentual sobre el panista Gerardo Buganza, a pesar de las incontables trapacerías y excesos cometidos durante la campaña. El “caso Veracruz” en ese entonces, como también sucederá ahora, llegó al TRIFE y allí se valió el hábil y dicharachero veracruzano de los buenos oficios de Enrique Jackson (Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado), de la influencia de Manlio Fabio Beltrones (“dueño” del Verde y, desde ese entonces, pastor de la bancada TELEVISA) y de la fuerza de un grupo de gobernadores priístas (los que capitaneaba José Murat) para echar por tierra reclamos y probanzas panistas.

Así que el derrotero que seguirá el candidato de la fidelidad veracruzana en tribunales no es nuevo, ni resulta tampoco inesperado para el inquieto Fidel. Algo debe haber intuido el perspicaz gobernante para designar a Jackson Ramírez y a José Murat como “coordinadores” de la campaña de su candidato. Algo debió temerse don Fidel para hacerse pasar como víctima del espionaje y otros excesos cometidos por el gobierno federal (pero no por el presidente Calderón, si hacemos caso a la lógica fideliana) a unos días del desenlace electoral. Mucho debió pesar en el ánimo del gobernador Herrera la necesidad de contar con los padrinos adecuados en el TRIFE al placearse con Carlos Salinas, en clara señal de sumisión de uno y respaldo del otro.

Algunas cosas han cambiado con relación a las maniobras fidelianas del 2004. Hoy, los intereses y los rejuegos de Elba Esther y del propio Manlio Fabio no están del lado de Fidel, sino en la acera de enfrente. Pesa también en el escenario veracruzano el secuestro del Jefe Diego, que mantiene en el extranjero al Charly Salinas y en calidad de náufrago al secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont. Y, como colofón, la duda de si el respaldo de Quique y su pandilla de gobernadores es auténtico y franco o sólo “de dientes pa’ fuera”, como una oportunidad de deshacerse de una pieza por demás incómoda para todos, como es Fidel Herrera y sus aspiraciones para ser el López de Santa Ana del siglo XXI.

Viene a cuento este largo periplo en el tiempo y en el arcón de las relaciones peligrosas pero convenientes porque de nueva cuenta corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tristemente célebre TRIFE, atender y resolver el caso Veracruz, entre otros varios empantanados. La triste fama del TRIFE, a la que hacemos referencia, se la ha ganado a pulso y de manera reiterada. Con los compromisos personales que maniatan a sus integrantes, con las influencias políticas que atraviesan en todos los sentidos y niveles a la institución y con los inagotables márgenes de impunidad que protegen a los magistrados, el TRIFE se ha convertido en instancia de validación de fechorías.

Tenemos que retroceder ocho años para encontrar una decisión del TRIFE distinta al “dejar hacer, dejar pasar” que profesa. Desde que se anularon las elecciones para gobernador de Colima (2003) y de Tabasco (dic. del 2000; adivinen quién era el gobernador sancionado…sí, el maratonista Roberto Madrazo), el TRIFE no se ha atrevido a molestar ni con el aletear de una foja a la pléyade de políticos que han recalado en esa instancia justiciera en calidad de delincuentes. Y vaya que se tenían elementos para castigar los excesos del presidente Fox o las violaciones afrentosas del duopolio televisivo, para no mencionar a la ristra de gobernadores, de todos los partidos y estados, que han convertido los procesos electorales en estercolero, con la venia del TRIFE.

Toca en suerte, de nueva cuenta, que el TRIFE conozca y resuelva la edición corregida y agravada del “caso Veracruz” (la Sala Superior, la elección para gobernador; la Sala Regional, las elecciones de alcaldes y diputados locales). Ahora tendremos los mexicanos la oportunidad de corroborar si a los integrantes del TRIFE, finalmente “les cayó el veinte” de su condición de desprestigio y disfuncionalidad o si siguen sumidos en el servilismo y en la irresponsabilidad. Ahora tendremos ocasión de constatar si los integrantes del TRIFE son conscientes de que, con su actuación, los órganos electorales se juegan una de las últimas cartas, en este caso la que corresponde a la credibilidad ciudadana. De su proceder dependerá que el conflicto que se cierne en torno al proceso electoral del 2012 estalle desde antes y que tenga que ver con los árbitros de la contienda.

En lo particular, no veo que los integrantes del TRIFE tengan los tamaños que reclama la gravedad de los asuntos que revisan. No creo que estén en disposición, ni que tengan la capacidad para dar el vuelco en el timón que los acontecimientos requieren. Por lo anterior considero que el conflicto electoral del 2012, a diferencia de lo que ocurrió en 2006, NO SERÁ POSELECTORAL sino pre-electoral y tendrá al IFE, al TRIFE y a los medios electrónicos como causantes.